Resolución 465 de 2025: lo que cambia en la habilitación de servicios de salud
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 465 de 2025, la cual introduce modificaciones importantes a la Resolución 3100 de 2019, normativa que establece los lineamientos para la inscripción de prestadores y la habilitación de servicios de salud en Colombia.
Uno de los ajustes más destacados es la incorporación de una regulación específica sobre el uso de cámaras de videovigilancia dentro de las áreas en las que se prestan servicios de salud, particularmente en lo que respecta a la grabación de procedimientos médicos. A partir de esta nueva disposición, se exige que tanto el paciente como el profesional que realiza el procedimiento otorguen una autorización escrita para llevar a cabo la grabación. Este consentimiento deberá incorporarse en la historia clínica del paciente, y tanto este documento como el material audiovisual deberán ajustarse a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
La intención de esta medida es reforzar aspectos fundamentales como el consentimiento informado, la seguridad jurídica y la trazabilidad de las grabaciones, elementos que si bien ya eran considerados en la práctica, ahora cuentan con un respaldo normativo explícito.

En conclusión, la Resolución 465 de 2025 marca un paso importante en la actualización del marco normativo para la habilitación de servicios de salud en Colombia. Al introducir regulaciones específicas sobre el uso de videovigilancia en procedimientos médicos, se refuerzan principios como el consentimiento informado y la protección de datos personales. Además, los ajustes en las condiciones de habilitación, el proceso de verificación y la inclusión de nuevos actores en la prestación de servicios buscan fortalecer la calidad, seguridad y cobertura del sistema de salud.
Estas modificaciones no solo aclaran aspectos técnicos y jurídicos que eran necesarios, sino que también responden a realidades operativas del sector, especialmente en zonas apartadas o en contextos de atención prehospitalaria. Con esta normativa, el Ministerio de Salud y Protección Social reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema de salud y la protección de los derechos de los pacientes.